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GLENCORE INICIA ARBITRAJE CONTRA BOLIVIA POR VINTO Y COLQUIRI


Glencore inicia arbitraje contra
Bolivia por Vinto y Colquiri

  La Paz, 3 ago (ABI).- Una subsidiaria de la compañía suiza Glencore International Plc presentó una notificación de arbitraje en contra de Bolivia, por la supuesta controversia relativa a la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio del Complejo Metalúrgico Vinto y de la recuperación del control del Centro Minero de Colquiri, confirmó el miércoles la Procuraduría General del Estado (PGE).


    La Procuraduría recordó que la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio del Complejo Metalúrgico Vinto fue concretada a través del decreto supremo 29026 y la Planta de Antimonio Vinto, mediante el decreto supremo 0499.

    El decreto supremo 1264, de 20 de junio de 2012, dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asuma el control del Centro Minero Colquiri.

    La PGE remarcó que esos tres activos del Estado y del pueblo boliviano, dos empresas estratégicas dedicadas a la fundición de estaño antimonio y una mina estannífera, fueron enajenados en los gobiernos neoliberales.

    "Tal enajenación se realizó durante el gobierno del exdictador Hugo Banzer Suárez, a favor de empresas de propiedad de o en sociedad con la Compañía Minera del Sur S.A. COMSUR, cuyo accionista más notorio era el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quién provocó la 'Guerra del Gas' y salió huyendo del país en octubre de 2003, dejando un saldo de decenas de muertos y centenas de heridos", subrayó la PGE.

    En esa línea, afirmó que las licitaciones de las plantas de fundición de estaño antimonio y el arrendamiento de la mina de Colquiri fueron realizadas en circunstancias sumamente dudosas.

    Dijo que la fundición de estaño, que Glencore describe como "la planta de fundición más grande de Bolivia", fue vendida 90% por debajo de su costo real.

    En la Planta de Vinto Antimonio no se efectuaron las inversiones comprometidas y fue mantenida en completa inactividad, en franco proceso de desmantelamiento.

    En el caso de Colquiri se produjo un conflicto social por responsabilidad de la empresa que terminó cobrando una vida humana.

    "Todos estos obscuros aspectos, entre otros, llevaron al Estado a tomar la decisión de recuperar los activos, en el marco del interés público y el beneficio social. Todas las acciones que tomó el estado fueron respetando la seguridad jurídica y el derecho internacional", remarca un boletín de la Procuraduría.

    El documento  afirma que el Estado boliviano hará referencia y ampliará todos los aspectos mencionados, basándose en una extensa prueba documental, en la sustanciación del procedimiento arbitral, en caso de que el mismo prospere.

    No obstante, advirtió que por lo general los tribunales arbitrales son reacios a conocer las demandas de empresas subsidiarias, cuyas inversiones son de propiedad de una compañía matriz que tiene una nacionalidad distinta a la del Tratado Bilateral de protección de Inversiones que invocan

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