- •En lo posible, esta licitación tendrá
una duración de 10 días para que los miembros de la FBF puedan percibir
ingresos que les permitan afrontar la crisis generada por la pandemia. - (FBF,
29 de diciembre 2020, La Paz).- En este magno evento del fútbol boliviano el
tema trascendental que tocaron las instancias de la División Profesional y
División Aficionados, fueron los derechos televisivos del balompié nacional. El
inicio de la reunión estuvo marcado por la exposición realizada por el Dr.
Gustavo Camacho, del Buffete de Abogados Camacho & Asociados, quien luego
de contextualizar la situación legal de la licitación pública difundida por la
FBF el pasado mes de julio, sugirió al pleno la anulación de dicha licitación. Una
vez concluida la exposición, los 23 delegados presentes en el Congreso
Extraordinario ratificaron, por unanimidad, la anulación del proceso de
licitación, al haberse dejado sin efecto parte del proceso, por mandato del
Fallo Constitucional 64/2020 emitido el 18 de agosto 2020. Tras
la determinación de esta medida, estaba previsto que los representantes de las
empresas Sports TV Rights y TELECEL harían una propuesta para los próximos
cuatro años, cuestión que no pudo concretarse debido a la anulación de la
primera licitación determinada por el Congreso. Sport
TV Rights se excusó diciendo que, como no estaba prevista la anulación de la
licitación lanzada en julio, de la cual fue la ganadora, debían analizar la
situación actual con la presidencia de la empresa. Por
otra parte, el representante de TELECEL solicitó al pleno que la FBF pueda
enviar una carta de invitación para que esta empresa pueda presentar su
propuesta formalmente. Luego de un cuarto intermedio, y reinstalando
la reunión con el llamado de la lista y el quorum correspondiente, se llevó a
cabo la votación que definiría la modalidad que se utilizará para ceder los
derechos televisivos, ya sea por invitación directa o licitación pública, para
tal efecto se determinó, por unanimidad de los 23 congresistas presentes, por
la licitación pública en un plazo, en lo posible, de 10 días hábiles para el
proceso de adjudicación de los derechos de TV.
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