DETENCION PREVENTIVA PARA JULIA RAMOS

Determinan detención

preventiva para Julia Ramos

en penal de La Paz por Fondo Indígena

AUDIENCIA CAUTELAR, CASO JULIA RAMOS

 La Paz, 1 dic (ABI).- El Juzgado Primero de Anticorrupción de El Alto determinó el martes la detención preventiva para la exministra de Desarrollo Rural y Tierras (2010), Julia Ramos, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, por denuncias de corrupción en el caso del Fondo Indígena.

LA EX-MINISTRA JULIA RANOS RUMBO A LA CARCEL 

La audiencia cautelar se instauró al promediar las 11h30, en el salón Rosado del Tribunal Departamental de La Paz y se llevó a cabo luego de que una segunda acción de libertad fuera rechazada por el Juez anticorrupción primero de la ciudad de El Alto, Ricardo Pinto.

    "Se ha determinado la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y otros", informó Eduardo León, abogado del denunciante, Rafael Quispe.

    Por su parte, el fiscal Ángelo Saravia informó que la detención preventiva se determinó por los riesgos procesales de fuga y peligro de obstrucción.

    Asimismo indicó que Ramos está siendo investigada por 2 proyectos que manejó como representante legal y 9 proyectos que aprobó cuando formaba parte del directorio del Fondo Indígena, sumando en total 4,1 millones de bolivianos.

    "Está siendo imputada por cuatro delitos: incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos (...) ella ha manejado dos proyectos que manejó como responsable de organización y como representante legal; y nueve proyectos que ha aprobado cuando era parte del directorio, 4 millones de bolivianos, 98 mil bolivianos y los otros 56 mil bolivianos", detalló.

    En febrero pasado, la Contraloría General del Estado comprobó que 153 proyectos del Fondo Indígena se encontraban inconclusos y otros inexistentes con un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos.

    Seis meses después la interventora Larisa Fuentes informó un presunto daño económico de más de 102 millones de bolivianos al Estado por 713 proyectos inconclusos y 30 proyectos "fantasmas" que no fueron ejecutados.

    Según el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción las investigaciones se convirtieron en  80 procesos penales: 19 detenidos (12 en la cárcel y 7 con detención domiciliaria) y 5 personas con otro tipo de medidas cautelares.

    Además de las imputaciones a la ex ministra de Desarrollo Rural y Justicia, Julia Ramos; al senador del MAS, Jorge Choque y al ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori.