Bolivia
denuncia injerencia
de
Almagro y pide al Consejo
de
OEA corregir esas actitudes
Esa posición fue expresada por el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, que explicó con argumentos jurídicos la injerencia de Almagro, quien hace una semana demandó al presidente Evo Morales respetar el resultado de un referendo que rechazó su repostulación a una nueva elección.
"Invocamos (...) a está sana y noble organización a llamar la atención severamente y si corresponde utilizar mecanismos que correspondan, porque ni Bolivia ni ningún país está en condiciones de tolerar una situación como la que hemos vivido", exhortó Arce en el pleno de ese Consejo, que se reunió de forma extraordinaria.
En su intervención, Arce acusó a Almagro de violar los principios de ese organismo multilateral con acciones injerencistas y de oposición a una repostulación de Morales y cuestionó la coincidencia de su posición con líderes de la oposición en Bolivia.
Además, instó a Almagro a deponer esas actitudes "groseras, vergonzosas e inaceptables", que van en contra de las normas y el código de ética de ese organismo compuesto por 35 naciones.
"Bolivia ante ustedes insta respetuosamente a que el Secretario General (de la OEA) desista de su accionar intervencionista y reponga las normas de conducta ética que rigen, normas que debe preservar con su ejemplo", subrayó.
A contramano, el jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA, Gonzalo Koncke, explicó que el mensaje de Almagro se enmarca en la "defensa y la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos", establecidos en la carta de la OEA, respuesta que fue cuestionada por la delegación boliviana.
Minutos antes, la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Gabriela Montaño, explicó los alcances del recurso de inconstitucionalidad que fue presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que busca restituir los derechos políticos de las autoridades nacionales y subnacionales.
Dijo ante el pleno del Consejo Permanente de la OEA, que ese mecanismo jurídico se enmarca en el pacto de San José de Costa Rica y se ajusta a los derechos establecidos en la Constitución Política de Bolivia.
