Ninguna resolución de la OEA
crea obligación de negociar ni habla
de litigio, sólo son recomendaciones: Pinto
La Haya, 23 mar (ABI).- La abogada argentina, Mónica
Pinto, afirmó el viernes en La Haya, en el segundo día de los alegatos chilenos
de la demanda marítima impetrada por Bolivia en ese alto tribunal, que las
resoluciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) que
declara de interés regional resolver ese diferendo, no crea ninguna obligación
de negociar y no habla de litigio, por tanto, son sólo recomendaciones.
"El texto de las resoluciones de la Asamblea General no utiliza la palabra obligación, solo habla de un interés regional, insta a los estados afectados a iniciar un diálogo, o decide exhortar a Bolivia y Chile a que inicien un acercamiento, no hay nada que señale que hay una obligación, se trata solo de resoluciones políticas", puntualizó.
En su exposición afirmó que Chile no votó a favor, ni aceptó esas resoluciones como legítimas, menos como obligatorias, por lo que consideró que no pueden establecer una obligación jurídica.
La abogado de Bolivia, Emy Sander, expuso las 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), principal organismo hemisférico adherido por Chile y Bolivia en sus nacientes, en 1948, a favor de la reintegración marítima boliviana entre 1980 y 1999.
"En 1980 (la OEA) se refería al hecho de que era de interés permanente y que se halle una solución equitativa, Se insta a iniciar un diálogo para hallar una solución satisfactoria. En 1981, con argumentos similares. En 1983 recomendó que iniciara un proceso de acercamiento para resolver las dificultades e, incluso, una fórmula para dar una salida al Océano Pacífico. Esta última fue iniciada en noviembre de 1983, cuando cada palabra fue objeto de debates antes de la presentación" al pleno de la Asamblea, argumentó la abogada del equipo jurídico boliviano.
"El texto de las resoluciones de la Asamblea General no utiliza la palabra obligación, solo habla de un interés regional, insta a los estados afectados a iniciar un diálogo, o decide exhortar a Bolivia y Chile a que inicien un acercamiento, no hay nada que señale que hay una obligación, se trata solo de resoluciones políticas", puntualizó.
En su exposición afirmó que Chile no votó a favor, ni aceptó esas resoluciones como legítimas, menos como obligatorias, por lo que consideró que no pueden establecer una obligación jurídica.
La abogado de Bolivia, Emy Sander, expuso las 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), principal organismo hemisférico adherido por Chile y Bolivia en sus nacientes, en 1948, a favor de la reintegración marítima boliviana entre 1980 y 1999.
"En 1980 (la OEA) se refería al hecho de que era de interés permanente y que se halle una solución equitativa, Se insta a iniciar un diálogo para hallar una solución satisfactoria. En 1981, con argumentos similares. En 1983 recomendó que iniciara un proceso de acercamiento para resolver las dificultades e, incluso, una fórmula para dar una salida al Océano Pacífico. Esta última fue iniciada en noviembre de 1983, cuando cada palabra fue objeto de debates antes de la presentación" al pleno de la Asamblea, argumentó la abogada del equipo jurídico boliviano.
A contramano, la jurista que defiende a Chile, afirmó que las resoluciones de la OEA sólo hablan de "un problema y no de un litigio" y consideró que esos "vacíos" hacen que se utilice un "artificio" en la demanda boliviana.
"No se trata de jugar con las palabras", mucho menos en una Corte, refrendó.
A su juicio, Chile inicio de buena fe un diálogo con Bolivia, en base a la buena vecindad, pero aseguró que nada permite asumir que Chile estaba obligado a iniciar ese diálogo.
"Las resoluciones de la Asamblea son políticas y no constituyen una obligación jurídica", sustentó.
Bolivia demandó en 2013 a Chile en la CIJ para que se avenga a negociar una salida soberana al Pacífico en base a varios compromisos incumplidos en más de 100 años de enclaustramiento.
En sus alegatos, el pasado lunes y martes, los abogados de Bolivia pusieron en evidencia que los acuerdos alcanzados y las actas firmadas entre 1920 y 2011, por altas autoridades de ambos países, referidas a la restitución de la calidad marítima de Bolivia, mediterránea desde 1879, generan la obligación de negociar.
