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IMPUNES TRAS EL UNIFORME

IMPUNES TRAS EL UNIFORME


· El 9 de noviembre de 2021, un contingente policial agredió verbal y físicamente a los periodistas en la ciudad de Oruro, durante una marcha de protesta cuyo fin era la defensa de la libertad de expresión y de prensa

· El hecho quedó en la impunidad, la Policía negó la represión y pusieron “un candado” al caso investigado



El forense dispuso para Juan Carlos Yapari Ríos cinco días de impedimento. Pero él no fue la única víctima, otros periodistas a los que representa como dirigente sindical también resultaron con lesiones de diverso tipo tras el ataque sufrido hace un poco más de un año nada más y nada menos que por parte de la Policía.

El 9 de noviembre de 2021 quedará marcado en el calendario como la fecha en que la entidad llamada a garantizar la seguridad de la ciudadanía, la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes arremetió contra los periodistas con violencia, intolerancia y mentiras. Peor aún, posteriormente, la Policía utilizaría su condición para encubrir sus acciones y dejar el hecho en la impunidad.

Ese día, trabajadores de la prensa —mujeres y varones de diversos medios de Oruro— fueron golpeados, gasificados y atropellados con motocicletas por efectivos del Comando Departamental de la Policía de Oruro. La agresión se produjo cuando los periodistas intentaban realizar una marcha de protesta en defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y a fin de exigir garantías para el trabajo periodístico.

ANTECEDENTES DEL ATAQUE

Un día antes, el ambiente político caldeó el ánimo de una parte de la ciudadanía, un segmento a favor y otro en contra, porque se puso de nuevo en debate la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, promulgada el 16 de agosto de 2021.

Si bien, la norma permitía en su objeto, luchar contra las ganancias ilícitas, provocó una reacción adversa principalmente en el sector de los gremiales y transportistas, porque en su disposición final y única establecía la potestad de la Aduana Nacional de aplicar sanciones a quienes no declaren o declaren de manera imprecisa la internación y salida de mercadería, imponiendo multas y/o la retención de lo transportado, esto, sin perjuicio de una acción legal.

Esa situación originó una serie de movilizaciones, entre ellas, marchas de protesta cierre de mercados e incluso hubo la amenaza una marcha a la ciudad de La Paz.

El tono de las protestas llevó, en cierto momento, a exigir la renuncia del presidente Luis Arce. La medida, en el caso de Oruro, fue apoyada por varios sectores sociales y civiles; y en el ámbito nacional se resolvió acatar un paro indefinido, con la exigencia de la abrogación de la norma.

Es así que el lunes 8 de noviembre, las calles de Oruro amanecieron bloqueadas, pero, la movilización no sería tranquila, ya que grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) salieron a dispersar los bloqueos.

Los trabajadores de la prensa realizaban la cobertura del primer día de paro, con la intención de informar. Sin embargo, los grupos movilizados agredieron a los periodistas, no solo verbal, sino también físicamente e incluso, en algunos casos, dañaron sus herramientas de trabajo para impedir que las imágenes de los ataques se hagan públicas.

Contingente policial
LA MARCHA DE LA PRENSA

Ante la arremetida contra la libertad de prensa, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), programó una marcha de protesta para el 9 de noviembre a las 11:00. La finalidad era movilizarse de manera pacífica para exigir respeto a este derecho humano.

El 9 de noviembre, la Plaza 10 de Febrero amaneció cercada por la Policía, la instrucción era impedir el ingreso de toda movilización social, algo poco entendible en la urbe orureña, ya que casi nunca se dio una situación similar.

Luego de partir de su sede sindical, situada en la calle Murguía. entre 6 de Octubre y Soria Galvarro, la movilización de los periodistas –quienes estaban debidamente identificados con chalecos, credenciales y portando sus herramientas de trabajo: cámaras, micrófonos, reporteras y celulares– se encontró con un primer contingente policial en las calles La Plata y Sucre.

El ejecutivo del STPO, Juan Carlos Yapari expuso que el comandante Departamental de Policía de entonces, coronel Julio Monroy Chuquimia, autorizó la movilización. Asimismo, un grupo de periodistas dialogó, minutos antes de la marcha, con el jefe a cargo del operativo del resguardo de la plaza, coronel Raúl Rodríguez Chacón, quien también aceptó que la manifestación ingrese al centro histórico de Oruro.

Es así que los funcionarios policiales que resguardaban esa esquina permitieron el paso de los periodistas. Una cuadra más adelante, entre las calles La Plata y Bolívar, yacía otro contingente policial más numeroso; a diferencia del primero, estos estaban armados, con gases lacrimógenos y una fila de escuderos distribuidos de acera a acera.
Marcha de los periodistas
LA AGRESIÓN

La pretensión de las y los periodistas y sus dirigentes era dialogar con los uniformados y explicarles que había autorización de sus superiores para dar una vuelta a la plaza –en protesta por las agresiones sufridas un día anterior–, sin embargo, por ningún motivo entendieron.

Ante la negativa, los periodistas decidieron ingresar de a uno al centro histórico, lo que también fue impedido. Fue en ese momento que los efectivos comenzaron a ejercer violencia en contra de las y los periodistas, utilizando sus escudos como armas contundentes, ya que, en el primer golpe, asestaron brutalmente contra el rostro del ejecutivo de los periodistas, Juan Carlos Yapari, quien comenzó a sangrar por la nariz.

Agresión a Juan Carlos Yapari, Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro

Agresión a Juan Carlos Yapari, Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro
Esta acción originó la respuesta de las y los reporteros, quiénes a empujones lograron romper el cerco policial, pero con consecuencias sensibles.

“Cuando llegamos a la esquina de la plaza hemos sentido la presencia de los policías, fue muy duro. Nos han gasificado, nos han pateado (…). A otro compañero le gasificaron en la cara, tuvo que escupir porque el gas estaba en su boca, a otro le dieron un golpe y lo ensangrentaron”, recuerda la periodista Carmen Torrez.

Lic. Carmen Torrez, Periodista agredida
Arropados en sus uniformes, sin identificación y algunos ocultando su grado, los policías emplearon sus equipos de represión para violentar y golpear a los manifestantes. Mientras que, como añade Torrez, personal de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC) utilizó sus motocicletas, para atropellar a algunos periodistas: “Yo viví en carne propia, cómo ellos han venido hacia mí, que rían atropellarme. Han arremetido, nos gasificaron en la cara y una de las llantas de la moto estaban sobre mí, una situación bien fea (…). Un policía me agarró de la mano y un teniente fue el que quiso pisarme con la moto, hubo discusión entre periodistas y policías. Ahí se vio que los policías son los primeros en vulnerar los derechos humanos”.

Las agresiones fueron registradas por los propios reporteros y algunas incluso transmitidas en directo por las redes sociales, como cuenta Franklin Calizaya. “Nos vimos acorralados, nos intentaron atropellar con las motos y pedíamos respeto. Se alteraron, agredieron a nuestro ejecutivo, hubo golpes. Queríamos entrar (a la plaza) con una marcha pacífica, pero de pronto estábamos recibiendo agresiones, fue increíble cómo trataron a la prensa, usaron gases, sus escudos y no respetaron a nuestras compañeras. Una de ellas recibía empujones y al ir en su defensa vi que le apuntan con gas pimienta en la cara, tuve que poner mi mano para evitarlo. Mediante nuestras transmisiones en vivo denunciamos las agresiones injustificadas. En uno de esos momentos, observé como uno de los policías se subió a la moto y nos apuntó con rifle lanzagases”.

Lic. Franklin Calizaya, Periodista agredido
LA POLICÍA SE DES ENTIENDE
Tras el incidente, los periodistas siguieron su camino para intentar dar una vuelta a la plaza, pero, otro contingente, esta vez de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) aguardaba en la calle de la Gobernación. Hubo intercambio de palabras, insultos, intimidaciones y amenazas. Pese a la situación adversa se logró seguir y finalmente, se pudo hacer un mitin muy cerca del lugar conocido como el reloj.
Agresiones a periodistas, en la calle Presidente Montes (Frontis de la Gobernación)
Cuando los periodistas se retiraban del lugar, apareció el comandante de Policía, coronel Julio Monroy Chuquimia, quien incómodo y nervioso, dijo que los periodistas fueron confundidos con comerciantes por los funcionarios del orden, cuando en los hechos, estaban bien identificados con chalecos y credenciales. Pero, además, portaban y sus equipos y estos quisieron ser confiscados.

Agresiones a periodistas debidamente identificados con chalecos y credenciales en la calle Presidente Montes (Frontis de la Gobernación)
Las grabaciones del ataque y el testimonio de la periodista Alejandra Porrez Herrera da cuenta de ello: “Ese día estábamos marchando pacíficamente rumbo a la plaza. Cuando estábamos en la esquina de la Bolívar y La Plata, los policías nos comenzaron a gasificar, nos golpearon y sin ni siquiera consideraron que éramos mujeres. Hubo un policía que estaba en su moto en la acera, este y nos comenzó a golpear, además quisieron quitarnos las cámaras, los micrófonos, fue fatal. A mí me golpearon, está en los videos que se grabaron ese día”.
Lic. Alejandra Porrez Herrera, Periodista agredida
Tras la movilización, los trabajadores de la prensa se reunieron de emergencia en su sede y luego de un análisis de los hechos se decidió hacer una denuncia formal de lo ocurrido ante el Ministerio Público.

BLOQUEO PARA EXIGIR ATENCIÓN

Una comisión, liderada por el ejecutivo Yapari, se trasladó hasta aquella institución, sin embargo, pasaban los minutos y no era recibida. Esta situación obligó a tomar medidas de hecho, entre ellas, a bloquear las esquinas de las calles Soria Galvarro y Adolfo Mier.
Periodistas exigiendo respeto a su labor profesional
Asimismo, hubo una comunicación con el fiscal Departamental, Orlando Zapata, quien instruyó la atención del caso. Solo así se logró denunciar el hecho, el mismo 9 de noviembre, por los delitos de lesiones leves, graves y gravísimas contra los autores y encubridores del ataque, como se lee en la documentación del caso 214/2021.

La denuncia no incluía nombres pues los policías agresores no llevaban identificación, algo irregular en el caso de los uniformados. El día de la agresión, al menos diez periodistas resultaron con heridas de consideración y otro tanto, con heridas leves.

ACCIONES LEGALES SIN EFECTO

Posteriormente, con el asesoramiento del abogado Julio Torrico, se requirieron informes del suceso y los nombres de los agresores, pero hasta el día que se cerró el caso, a casi un año de lo sucedido, no se revelaron esos datos.

En el proceso investigativo se tomaron placas fotográficas donde ocurrió el incidente, pero de manera sorprendente, la Policía exigió que los periodistas no estén presentes, pese a que el hecho fue público.

Entre fines de junio e inicios de julio, se debía hacer la reconstrucción de lo sucedido; el fiscal a cargo de la investigación, William Paredes Chire, pidió que esté la Policía, pero en la fecha indicada no se hizo presente en el actuado, ni el comandante Monroy y menos los funcionarios policiales que estuvieron de turno el día de la agresión.

Abog. William Paredes Chire, Fiscal de Materia
“Nunca nos han respondido quiénes estaban en la esquina donde ocurrió la agresión, cuando conocemos que existe un plan de acción de la Policía, para establecer las medidas de seguridad y qué personas se harán cargo. Al no conocer y al existir un silencio cómplice de todos los efectivos policiales, ahora estamos identificando, quién ha autorizado el movimiento, el operativo de resguardo de la Plaza 10 de Febrero”, explica Yapari.

La acción legal fue suspendida por el representante del Ministerio Público y ante la falta de elementos de convicción, el 29 de julio de 2022, el fiscal Paredes decidió ampliar la denuncia contra el excomandante Departamental de Policía, coronel Julio Renán Monroy Chuquimia.

Un detalle a tomar en cuenta: al día siguiente de lo sucedido, la primera autoridad policial de Oruro fue relevada por el coronel Roque Arraya Vidaurre. Monroy estuvo menos de un mes como comandante y fue destinado, en principio, a Beni y luego a Pando.

Revisión de documentos en fiscalía
La intención de asumir todas esas acciones legales, explica el ejecutivo Yapari, no tiene que ver con victimizar a las y los periodistas, sino evitar que los hechos queden en la impunidad y haya, al menos, una sanción administrativa.

Periodistas agredidos
Por otro lado, el caso también fue denunciado ante la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi), para su respectiva indagaión, sin embargo, en cuestión de semanas fue cerrado, solo con el argumento de que el ejecutivo del STPO no se presentó a declarar y que no pudo ser hallado, cuando en ningún momento fue notificado.

OTRAS ACCIONES INFRUCTUOSAS


La Defensoría del Pueblo inició también un proceso administrativo, abierto de oficio con el código DP/SSP/ORU/658/2021. Posteriormente, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, se constituyó en calidad de víctima para continuar con el proceso investigativo.

Aquel hecho no prosperó, porque pese a las reiteradas cartas y peticiones de informe solicitados al Comando Departamental de Policía, no hubo respuestas concretas, como informó el delegado Defensorial, José León.

José León, Delegado Defensorial
El funcionario afirmó que se emitió una conclusión al cerrar el caso: En aplicación del artículo 17 del Reglamento del Sistema de Servicio al Pueblo, la Defensoría del Pueblo realizó el trámite de investigación formal, logrando que la Inspectoría Departamental de Policía Oruro, dependiente del Comando Departamental de Policía de Oruro, remita antecedentes del caso a la Dirección Departamental de Investigación Interna de Oruro, donde esta instancia disciplinaria abrió el caso 083/2022 contra los autores del hecho por vulneraciones pendientes de resolución por autoridad administrativa. No obstante, el caso fue cerrado el 23 de junio de 2022 en esta instancia.

La Defensoría emitió cinco Requerimientos de Informe Escrito (RIE) ante diferentes autoridades, entre ellos, el entonces comandante General de la Policía Boliviana, general Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, con el objetivo de precisar, identificar y esclarecer los hechos ocurridos en el caso investigado.

La máxima autoridad de la Policía, pidió que el caso sea remitido a la vía administrativa, es decir, a la Didipi, pero, como se dijo líneas arriba, esta quedó en nada.

LA FISCALÍA NO FUE DEL TODO EFECTIVA


En la Fiscalía Departamental de Oruro, la situación no fue muy diferente como en la Delegación Defensorial.

El fiscal William Paredes Chire manifestó que luego de conocer los antecedentes del caso, la principal víctima fue identificada como el ejecutivo del Sindicato de la Prensa, Juan Carlos Yapari Ríos, a quien le dieron cinco días de impedimento médico legal.

“De acuerdo con los antecedentes no se puede identificar plenamente a los supuestos personeros de la Policía, quienes se encontraban en la calle La Plata y Bolívar. Ante el informe negativo que se ha remitido es obligación ampliar la investigación al ciudadano Julio Renán Monroy Chuquimia, quien en su oportunidad era comandante departamental”, señaló.

De acuerdo con el cuaderno de investigaciones se estableció que no hubo información fidedigna proporcionada por el entonces comandante departamental de la policía y que las consultas no fueron respondidas según lo requerido.

Revisión de documentos en fiscalía

Para el fiscal Paredes, la Policía se rehusó en todo momento a colaborar con la investigación, por ello, es que se amplió en una sola persona: el coronel Chuquimia, pero tampoco pudo ser notificado en ningún momento, pese a que, al cumplirse el plazo, debía emitirse la orden de aprehensión en calidad de sindicado, hecho que nunca sucedió.

Lo que llamó la atención de la investigación realizada por el Ministerio Público es que se dejaron pasar por alto algunos actuados que quizás en su momento hubiesen allanado el camino para dar con los responsables. Entre ellos, no se emitieron órdenes de allanamiento a las oficinas policiales, como de Planeamiento, Fusilería y otras, para secuestrar, por ejemplo, planes de operaciones, nómina de funcionarios policiales que salieron a resguardar la plaza y lista de quiénes sacaron el equipo antimotines, chalecos, cascos, e incluso armamento de represión, rifles lanzagases, gases lacrimógenos y otros del del Comando policial.

El caso fue archivado, la investigación quedó a medias y nunca se supo quiénes participaron de la agresión a los periodistas, a más del coronel Monroy, quien estaba como comandante de la Policía de Oruro, el día del incidente.

RECLAMO DE DERECHOS HUMANOS

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro (Apdh) denunció públicamente el hecho, el mismo día que ocurrieron las agresiones, ya que circunstancialmente se encontraba por el lugar, el titular de esta entidad, Jorge Castillo.

“La Policía sabía que eran trabajadores de la prensa, porque estaban debidamente identificados con sus chalecos y credenciales. Suponemos que la orden la dio el mismo comandante. La Asamblea emitió un pronunciamiento, repudiando este hecho, que mostró la intolerancia ante los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y eso es lo que nos ha llamado la atención”, señaló.

Jorge Castillo, Presidente Asamblea Permanente de Derechos Humanos Oruro

Argumentó que se presentó una denuncia ante la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia, que, según la respuesta, se tomó nota de lo sucedido.

La Asamblea de Derechos Humanos, también se envió una nota al Comando de Policía expresando su repudio por el actuar violento en contra de la prensa.

“Le exigimos al comandante, que identifique a los responsables, porque todos los policías tienen sus denominativos y sus grados, pero en esa oportunidad portaban sus chalecos y eso cubría sus apellidos. El comandante se comprometió a identificar a los responsables, pero no le alcanzó el tiempo, porque fue relevado de su cargo y eso ha quedado en el camino, como muchas otras denuncias, incluso identificados con nombres”, indicó.

Argumentó que el Ministerio Público en algunas situaciones actúa con una celeridad sorprendente, pero en estos casos, lo hizo de una manera parca y sin interés de esclarecer el caso.

EL CIERRE DEL CASO

Tres semanas antes del cierre del caso se enviaron una serie de memoriales para intentar conseguir la lista de los policías que ese día cumplieron el servicio extraordinario. Sin embargo, nunca hubo respuesta y menos participaron de los actos legales convocados por el Ministerio Público.

“En la última respuesta que nos dio la Policía, nos dijeron que no se podía identificar porque en ese momento, los estudiantes de las escuelas básicas de la Policía de Huanuni, Caracollo, llegaron a la ciudad y no estaban registrados oficialmente a la Policía”, afirma el dirigente Yapari.

Ante ese hecho, se evaluó la situación en el directorio del STPO, además de sostener reuniones con el abogado Torrico y el fiscal de Distrito, Orlando Zapata, quien reiteró la falta de cooperación de la Policía en esta investigación.

Es así, que como no se avanzó en la investigación del caso, se determinó sostener reuniones con el nuevo comandante de Policía, coronel Marco Antonio Gutiérrez Delgadillo con el objetivo de que se reconozca que hubo agresiones a los periodistas.

“Hemos pedido que el excomandante Monroy llegue a Oruro, para que pida disculpas a los periodistas, porque él estaba a cargo de todo el Comando Departamental de Policía, y tercero, que se firme un documento para dar garantías a los periodistas”, señala Yapari.

El ejecutivo de los periodistas también afirmó que después de lo sucedido el 9 de noviembre, hubo presión no solo para él, sino para otros trabajadores de la prensa, quienes fueron amedrentados y cuestionados por los funcionarios policiales, para desistir de la denuncia.

Otros factores originaron abandonar el caso, entre ellos, el tiempo, los recursos económicos y el cansancio de casi un año en que no tuvo avance la investigación.

“Policías investigando a policías, no hay resultado”, resalta Yapari.

UN ACUERDO POR GARANTÍAS

Como la situación prácticamente era irresoluble, es que mediante el abogado del STPO, Julio Torrico, se hizo un acercamiento con las autoridades policiales actuales, con el único fin de llegar a un acuerdo, dejando en la impunidad a los agresores.

El acuerdo fue suscrito el 4 de octubre de 2022, en ambientes del Sindicato de la Prensa, por el ejecutivo Juan Carlos Yapari Ríos y el actual comandante de Policía de Oruro, coronel Marco Antonio Gutiérrez Delgadillo.

En dicha oportunidad estuvo presente, el entonces comandante de Policía, coronel Julio Monroy Chuquimia, quien no pronunció discurso alguno y menos quiso hacer declaraciones a los periodistas.

Acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro y la Policía Boliviana

En el documento se mencionaron los antecedentes de lo sucedido aquel 9 de noviembre en la esquina de las calles La Plata y Bolívar.

“Ante el reclamo para pasar la calle Bolívar, Juan Carlos Yapari Ríos, secretario ejecutivo, fue agredido por un funcionario policial que portaba un escudo antimotines.

Como emergencia de ese hecho, en el Ministerio Público, se tramita una acción penal, que tiene como fin identificar al autor del hecho, para que se pueda lograr una responsabilidad penal”, se indicó en el escrito.

Asimismo, se señaló como objeto, que los suscribientes del acuerdo, establecieron en una reunión bilateral, la imposibilidad objetiva de identificar al policía que agredió al ejecutivo de los periodistas, porque por la conflictividad emergente de aquella fecha, se solicitó el repliegue de varios efectivos, entre los que estaban de otros distritos.

“Pese a los esfuerzos técnicos, logísticos e incluso de un proceso en la Fiscalía Policial, la imposibilidad de identificar al autor de la lesión resulta improbable.

Por ello, en el marco del vivir bien como principio fundamental establecido por el Art. 8º de la Constitución Política del Estado, Juan Carlos Yapari Ríos, como víctima de aquel hecho y el Comando Departamental de la Policía de Oruro, suscriben el presente acuerdo”, se señaló en otro acápite del documento.

También se definió que el Comando Departamental de la Policía, en el marco del Art. 251.I de la Constitución Política del Estado, garantizó el trabajo de todos y cada uno de los miembros del STPO, respetando su derecho de asociación, de locomoción y protesta pacífica.

Asimismo, el Sindicato de la Prensa, reafirmó su compromiso de respeto a la Policía Boliviana y el resguardo de una información veraz y fidedigna en beneficio de la población, paralelamente de reafirmar su compromiso con la defensa a la democracia, el orden institucional y defensa de la sociedad, pudiendo recurrir en cualquier instancia a ejercitar actos pacíficos de protesta. Además de ratificar su compromiso en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.
Acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro y la Policía Boliviana

Como se puede advertir en el documento, lo ocurrido el 9 de noviembre de 2021, se minimizó a una sola víctima, y no así a la decena de periodistas que esa jornada fueron golpeados, gasificados y atropellados con motocicletas pertenecientes al Estado, ratificando la impunidad de los servidores públicos que participaron ese día.
 
PUERTAS CERRADAS

Muy al margen de la investigación realizada por las autoridades pertinentes, la prensa también inició un trabajo similar de manera simultánea. Sin embargo, en el caso de la Policía, las puertas estuvieron siempre cerradas, más cuando se intentó en reiteradas oportunidades tocar este tema.

Cuando se visitó como cinco veces la Didipi, la excusa de siempre era, que el director estaba en consulta médica o sencillamente no estaba, derivándonos a subalternos que nada conocían del tema o al menos se mostraban con esa actitud.

De la misma forma aconteció en el Comando Departamental de Policía, ausencia de las autoridades o que éstas fueron destinadas a otras ciudades como el caso del coronel Lázaro Rodríguez Chacón, jefe delegado de la seguridad en la Plaza 10 de Febrero, el día de la agresión a los periodistas.

Asimismo, el jefe de Planeamiento de ese día, teniente coronel Omar Gutiérrez destinado a otra región, fue quien instruyó a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) enviar un contingente a la calle Presidente Montes.

Los conflictos a consecuencia del paro indefinido de Santa Cruz, que demandó el Censo de Población y Vivienda para el 2023, fueron otro factor en contra pues causó que varios funcionarios policiales abandonen Oruro para reforzar la seguridad en la capital cruceña.

PAPELES CANTAN

Pese a todas las negativas para tener acceso a la información o entrevistas con las autoridades policiales, se logró conocer varios documentos, en los cuales, existen contradicciones en los informes realizados respecto a su accionar el 9 de noviembre de 2021.

El informe 425/2022 de la jefa de la División de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Policía, capitán Fabiana Mercado Ríos, afirmó en una parte del documento que se realizará el seguimiento del caso, con el fin de trasparentar y que se efectúe un proceso imparcial, eficiente y eficaz para que se establezca la verdad histórica de los hechos.

El 18 de mayo de 2022 se emite un requerimiento fiscal de inicio de investigación desde la Didipi, con el caso 083/2022, al Comandante Departamental de Policía de turno, para que emita fotocopias legalizadas del plan de operaciones y orden de operaciones generados por dicho departamento en fechas 8, 9 y 10 de noviembre de 2021.

Asimismo, se solicitó conocer el nombre del funcionario policial que cumplía funciones de Supervisor General de la Guarnición Policial el 9 de noviembre. Se pidió además fotocopias legalizadas de informes recibidos con relación a los hechos del 9 de noviembre con la marcha de los periodistas.

Supuestamente, la respuesta a esos requerimientos debía hacerse en un plazo de 24 horas y en caso de incumplimiento se aplicaría la Ley 101, lo que significaría una llamada de atención escrita y arresto entre cuatro a diez días.

Por otro lado, se tuvo acceso a un informe de la Asesoría Legal del Comando Departamental de Policía de Oruro del 12 de mayo de 2022, donde se manifiesta en una parte del punto uno lo siguiente:

“En fecha 9 de noviembre de 2021 a horas 11:05 am aprox., no se hizo uso de la fuerza policial contra los manifestantes en las calles La Plata y Bolívar, relacionado con la marcha del Sindicato de la Prensa de Oruro, tampoco existía orden para intervenir la mencionada marcha y que los hechos suscitados se encuentran en investigación en la Felcc-Oruro”.

En el punto dos, se hizo conocer mediante el teniente coronel Alejandro Guillén Vargas, comandante de la UTOP, que no se utilizó la fuerza ni mucho menos el uso de agentes químicos en el lugar donde fueron designados. Lo que no menciona este punto, es el lugar, sin embargo, ellos estaban ubicados en las calles Presidente Montes entre Adolfo Mier y Bolívar, y sí hubo agresiones verbales.

En el punto tres, el jefe del Departamento de Planeamiento y Operaciones, teniente coronel Omar Gutiérrez Sanjinés hizo conocer el informe 55/2022 del 5 de mayo de 2022, en cuya parte importante se indica:

“Recabada la información de archivos y la base de datos de este departamento, con relación a la nómina del personal policial, donde no se halla de manera específica la nómina del personal policial requerido, cabe hacer notar que por situación de emergencia nacional este tiene estricto cumplimiento de acuartelamiento con el personal 100% sin perjuicio de los servidores ordinarios”.

En relación al análisis y valoración legal de lo sucedido el 9 de noviembre de 2021, en la parte segunda del informe legal se indica que a versión del entonces comandante Roque Arraya Vidaurre, ninguna de las unidades policiales conocía de la intervención policial a la marcha del Sindicato de la Prensa, menos la agresión que sufrió el ejecutivo Juan Carlos Yapari.

Al mismo tiempo, por información emitida por el excomandante Julio Monroy, no existió orden alguna para intervenir la marcha del Sindicato de la Prensa, y que el sangrado del ejecutivo Yapari, fue a consecuencia de un choque fortuito con uno de los escudos de los policías.

El jefe de seguridad de ese día, en la Plaza 10 de Febrero, coronel Lázaro Raúl Rodríguez Chacón, manifestó que no hubo represión alguna y que no se puede identificar quién sería el autor de la agresión que sufrió el ejecutivo de la Prensa, porque se había convocado a personal policial de varias unidades por la naturaleza del conflicto.

Por otro lado, en el informe técnico 336/2022 de la Jefatura de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Policía, se evidencia la versión del comandante de UPAR-Delta, capitán Claudio Chacolla Zamora, quien señala en el punto uno, que, no realizó operaciones de intervención a ninguna marcha de ningún sector en general, mucho menos a una marcha supuestamente formada por trabajadores de la prensa. Sin embargo, por las imágenes transmitidas se los vio en el lugar.

SIN CULPABLES NI RESPONSABLES


La sucesión de los hechos, el silencio cómplice y los propios informes dan cuenta de la autoprotección policial para salir impunes en este caso. Sin embargo, sus propios informes contradictorios los delatan, desde el momento que se solicita la orden de operaciones, un requisito de esta entidad que en esta oportunidad fue obviado.

De la misma forma, negaron que ese día los trabajadores de la prensa de Oruro hayan sido agredidos, cuando en las imágenes de fotografías, redes sociales y televisión, se los observa ejerciendo violencia.

Órdenes y contraórdenes, negar que estaban en el lugar del hecho porque no sabían qué sucedía se contrapone a los instructivos que emitieron para reforzar la seguridad de la plaza, son otro de los cuestionamientos a este caso.

Asimismo, llama la atención el accionar del Ministerio Público, que en esta situación, omitió varios pasos, dejando de lado actuados que hubiesen generado, quizá, otro rumbo a la investigación.

Finalmente, algunos funcionarios policiales se dieron a la tarea, después del hecho, de intimidar a los periodistas, solo con el fin de que desistan de la denuncia y no se los procese. En caso de haberse esclarecido el hecho, la máxima sanción que se les pudo haber dado era trabajo comunitario.

Lo sucedido el 9 de noviembre de 2021 es un capítulo impune de la violación flagrante al derecho a la protesta, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la protección por parte del Estado.



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(*) Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo en el marco del proyecto Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), con el respaldo de Global Media Defence Fund – Unesco.

Pdsta. Dehymar Antezana
Pdsta. Estela Llanque

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