La gerente de Fiscalización de Contratos de YLB, Sandra Sánchez, quien detalló los alcances del histórico acuerdo, destacó que “toda la inversión será asumida por la empresa privada, sin gasto estatal”, enfatizando que el riesgo capital también corre por cuenta de la empresa rusa. “Si no se cumplen las metas de producción, no habrá devolución de la inversión. La planta pasará a ser parte de los activos de YLB”.
En su estación en grande, el contrato logró el apoyo de 9 diputados, 2 rechazaron y 4 votaron nulo; mientras que en detalle, 8 lo aprobaron, 3 los rechazaron y 4 votaron nulo. La Comisión aprobó el contrato "por escrutinio, en sus estaciones en grande y en detalle" antes de remitirlo al pleno para su tratamiento, siguiendo todos los procedimientos parlamentarios establecidos y garantizando la debida revisión técnica del documento.
Para el especialista en recursos evaporíticos, Ricardo Cardona, el paso ha sido positivo, “pero hay que pelear hasta final. El próximo gobierno puede anular, revertir y repetir licitación. Entonces la empresa deberá presentarse de nuevo”.
Sugirió que el gobierno siguiente debería instalar en Cochabamba una planta de BIL, baterías ion litio, en forma directa, sin pasar por la Asamblea Legislativa involucrando empresas privadas de envergadura de la industria como las rusas y las chinas.
Por su parte, Juan José Huanca, secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, resaltó que los contratos forman parte del plan estratégico del Gobierno para la reactivación económica, y que la inversión aproximada de 2 mil millones de dólares (incluyendo también el contrato con la firma china CBC) impulsará la construcción de plantas para la producción y extracción directa de litio.
No obstante, surgieron voces opositoras como la de la diputada Lissa Claros (de oposición, Comunidad Ciudadana) quien denunció irregularidades en el proceso, aunque la comisión oficialista defendió que las revisiones técnicas se realizaron exhaustivamente.
El contrato, resultado de tres años de negociaciones internacionales iniciadas en 2021, representa la materialización de la visión estratégica del Gobierno nacional de convertir a Bolivia en una potencia mundial en la industrialización del litio, superando el tradicional modelo de exportación de materias primas.
Según los detalles proporcionados por la gerente Sánchez, el acuerdo establece condiciones altamente favorables para el país: 85% de personal boliviano en toda la operación; 60% de las ganancias quedarán en Bolivia por concepto de regalías; transferencia completa de activos a YLB desde el inicio del proyecto; capacidad de producción progresiva: 9,000 toneladas iniciales, escalando a 14,000 toneladas anuales al tercer año y cláusulas de control y fiscalización financiera con auditorías permanentes.
El proyecto también contempla un consumo responsable de apenas el 10% de la recarga hídrica de la cuenca de Huasa Julaca, según estudios preliminares, demostrando el compromiso ambiental de la iniciativa.
