Gonzales: sentencia del caso 24 de mayo
es un precedente contra la
discriminación
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| JOSE ALBEERTO GONZALES, PRESIDENTE DEL SENADO |
La Paz, 2 mar (ABI).- El
presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aseguró el
miércoles que la condena que dictó el Tribunal de Sentencia de Padilla, en el
departamento de Chuquisaca, de seis años de cárcel para los 13 acusados por
instigación a la violencia y racismo en el denominado caso 24 de Mayo, es un
precedente contra delitos de discriminación.
"La sentencia del caso 24 de mayo es un precedente contra la discriminación, este episodio marcó un antes y un después, fue un momento muy lamentable, una página negra de la historia de Bolivia, ojalá nunca más se repita, yo creo que fue una manifestación de racismo, de discriminación. Las víctimas de semejante humillación que no solo son las personas afectadas, sino un colectivo, un país que se dice ser democrático", complementó.
Gonzales recordó que ese hecho reportado en 2008 aportó en la implementación de la Ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación, además, exhortó a la tolerancia entre bolivianos para que nunca más se vuelva a repetir.
"El aprendizaje que nos ha dejado ese momento tan dramático, es la regulación la Ley 045, que se inspira en ese episodio tan lamentable y, segundo, nos deja el mensaje que vivimos en un país donde nuestra Constitución Política del Estado reconoce 36 nacionalidades diferentes, conviviendo en este espacio geográfico, yo creo que debemos recordar lo importante que es la tolerancia entre nosotros", reflexionó.
El 24 de mayo de 2008, el Gobierno tenía previsto entregar tractores y otros beneficios; sin embargo, una violenta movilización encabezada por el Comité Interinstitucional impidió que se desarrolle el acto en el estadio Patria.
Esa jornada, grupos violentos de universitarios e integrantes del denominado Comité Interinstitucional, arremetieron contra los campesinos a quienes golpearon y humillaron.
"La sentencia del caso 24 de mayo es un precedente contra la discriminación, este episodio marcó un antes y un después, fue un momento muy lamentable, una página negra de la historia de Bolivia, ojalá nunca más se repita, yo creo que fue una manifestación de racismo, de discriminación. Las víctimas de semejante humillación que no solo son las personas afectadas, sino un colectivo, un país que se dice ser democrático", complementó.
Gonzales recordó que ese hecho reportado en 2008 aportó en la implementación de la Ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación, además, exhortó a la tolerancia entre bolivianos para que nunca más se vuelva a repetir.
"El aprendizaje que nos ha dejado ese momento tan dramático, es la regulación la Ley 045, que se inspira en ese episodio tan lamentable y, segundo, nos deja el mensaje que vivimos en un país donde nuestra Constitución Política del Estado reconoce 36 nacionalidades diferentes, conviviendo en este espacio geográfico, yo creo que debemos recordar lo importante que es la tolerancia entre nosotros", reflexionó.
El 24 de mayo de 2008, el Gobierno tenía previsto entregar tractores y otros beneficios; sin embargo, una violenta movilización encabezada por el Comité Interinstitucional impidió que se desarrolle el acto en el estadio Patria.
Esa jornada, grupos violentos de universitarios e integrantes del denominado Comité Interinstitucional, arremetieron contra los campesinos a quienes golpearon y humillaron.
Defensoría del Pueblo conforme
por sentencia en caso 24 de mayo
La Paz, 2 mar
(ABI).- La Defensoría del Pueblo expresó el miércoles su satisfacción por la
decisión judicial que sentenció a los principales acusados en el caso 24 de
mayo, que agredieron en 2008 a un grupo de campesinos que esperaban en Sucre al
presidente Evo Morales.
"La Defensoría del Pueblo expresa públicamente su satisfacción por la decisión judicial que finaliza el proceso iniciado hace ocho años y que, como institución, acompañamos desde el principio por los graves delitos de vejaciones, torturas y lesiones graves que implicaron en realidad una de las manifestaciones públicas más lacerantes de racismo y discriminación en la historia reciente de Bolivia", señala un comunicado de prensa.
La Defensoría del Pueblo considera que la condena contra los diez principales acusados de esos hechos es "una señal positiva" que muestra la decisión que se debe sostener en el Estado para sancionar cualquier acto de agresión racista que se cometa contra ciudadanos, indígenas, originarios o campesinos, cuyos derechos fueron reivindicados y recuperados gracias a esa determinación de la justicia.
"Entendemos que aún hay mucho camino por recorrer, especialmente en casos como Chaparina, El Porvenir y Takovo Mora, donde las intervenciones y agresiones cometidas contra indígenas incluyen acciones y expresiones indiscutiblemente racistas y que aún están a la espera que la justicia pueda reparar los daños y sancionar a los responsables directos e indirectos", remarca el documento.
Del mismo modo, la Defensoría considera que es importante que el sistema judicial boliviano avance y finalice los procesos pendientes de La Calancha, Caranavi y otros.
"La Defensoría del Pueblo expresa públicamente su satisfacción por la decisión judicial que finaliza el proceso iniciado hace ocho años y que, como institución, acompañamos desde el principio por los graves delitos de vejaciones, torturas y lesiones graves que implicaron en realidad una de las manifestaciones públicas más lacerantes de racismo y discriminación en la historia reciente de Bolivia", señala un comunicado de prensa.
La Defensoría del Pueblo considera que la condena contra los diez principales acusados de esos hechos es "una señal positiva" que muestra la decisión que se debe sostener en el Estado para sancionar cualquier acto de agresión racista que se cometa contra ciudadanos, indígenas, originarios o campesinos, cuyos derechos fueron reivindicados y recuperados gracias a esa determinación de la justicia.
"Entendemos que aún hay mucho camino por recorrer, especialmente en casos como Chaparina, El Porvenir y Takovo Mora, donde las intervenciones y agresiones cometidas contra indígenas incluyen acciones y expresiones indiscutiblemente racistas y que aún están a la espera que la justicia pueda reparar los daños y sancionar a los responsables directos e indirectos", remarca el documento.
Del mismo modo, la Defensoría considera que es importante que el sistema judicial boliviano avance y finalice los procesos pendientes de La Calancha, Caranavi y otros.
