Oruro, 21 de agosto de 2025 — La brutal agresión física sufrida por la periodista Marcela Cruz Tola en plena transmisión en vivo ha dejado al descubierto, una vez más, las falencias del sistema judicial boliviano, a pesar de la gravedad del hecho, el juez a cargo del caso determinó apenas 40 días de detención preventiva para el agresor, quien fue enviado al penal de San Pedro mientras se desarrolla la etapa preparatoria del proceso.
La periodista orureña Marcela Cruz fue agredida físicamente la noche del miércoles 20 de agosto en el set principal de Canal 15 TELEOR
El violento ataque ocurrió la noche del miércoles 20 de agosto, cuando un hombre irrumpió en el estudio de Canal 15 Teleor en Oruro y agredió de forma salvaje a la periodista, frente a las cámaras y la audiencia, el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del medio de comunicación, fueron viralizadas y provocaron indignación inmediata en redes sociales.Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que establecen la participación directa del sindicado, aunque inicialmente se planteó el tipo penal de acoso sexual, la decisión final del juez fue otorgar solo 40 días de detención preventiva, lo que ha generado duras críticas hacia la justicia boliviana.
“El Ministerio Público continuará recolectando pruebas para llegar a juicio oral”, indicó el fiscal del caso, Jhon Montaño Rivera, asegurando que el proceso sigue en curso, sin embargo, para muchos sectores de la población y el gremio periodístico, esta medida cautelar es claramente insuficiente y evidencia la falta de rigor de un sistema que minimiza la violencia contra la prensa y contra las mujeres.
Organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han cuestionado duramente la resolución judicial, considerándola un acto de impunidad y una señal peligrosa para quienes ejercen el periodismo en condiciones de vulnerabilidad.
![]() |
| Agresor de la periodista |
Por ahora, se mantienen vigentes las medidas de protección a favor de la víctima, pero la sensación de inseguridad y desprotección es evidente, la ciudadanía y diversos colectivos han exigido una reforma urgente al sistema judicial que garantice justicia real y efectiva para las víctimas de violencia.









